A 13 años después de los hechos, en un gobierno de aparente izquierda, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, denunció que fue silenciado por el expresidente Felipe Calderón, en una “operación de Estado” para evitar que la familia de su esposa, Margarita Zavala, resultara afectada por el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009, donde murieron 49 niños.
“Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte estuvieron tomados por el poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que, en ese entonces, era director del IMSS. La Corte que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las tres de la tarde, eran las 11:00 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal”, denunció Zaldívar.
En este marco, arremetió contra la hipocresía de los exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón que hoy se quejan de la falta de autonomía del Poder Judicial y que además dicen defender el Estado de derecho, cuando anteriormente, se dedicaban a presionar al Poder Judicial de la Federación.
“Si yo en el caso de la Guardería ABC hubiera hecho algo distinto, yo no hubiera sido digno de portar una toga nunca más en mi vida”, dijo.
Aseguró que recibió presiones del gobierno calderonista sobre su proyecto, que finalmente no salió adelante y en el que se concluía que “debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas”.
La guardería operaba bajo el mecanismo de subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba a cargo de una sociedad constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente Calderón, además de Gildardo Francisco Urquides y Sandra Luca Téllez Nieves.
El proyecto de sentencia que fue rechazado por el Pleno de la Corte en una votación de ocho votos contra tres, responsabilizaba al IMSS de un “desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas”, así como de graves violaciones a los derechos humanos previo al incendio y durante las investigaciones del caso.
Sin embargo, al no ser aprobado ni siquiera en los hechos investigados, no hubo ningún tipo de sanción para la tía de Margarita Zavala ni para Molinar Horcasitas, ya fallecido. La Guardería ABC operaba bajo el esquema de subrogación del IMSS, funcionaba en una bodega junto a oficinas de archivos y era copropiedad de una compañía perteneciente a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala; Gildardo Francisco Urquides y Sandra Luca Téllez Nieves.
Durante su intervención improvisada, según confesó el propio ministro Arturo Zaldívar, apenas llevaba dos meses en el cargo cuando le fue turnada la petición para que la Suprema Corte ejerciera su facultad de investigación, hoy desaparecida, sobre el caso de la Guardería ABC.
Detalló que su determinación de resolver este caso para que se hiciera justicia a las víctimas se dio luego de una reunión con los padres de los 49 bebés fallecidos y de los papás y mamás de niños lesionados, quienes acusaron al gobierno de Felipe Calderón de obstaculizar la atención médica de sus hijos.
“El gobierno de Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos (a los niños) para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema”, narró.
Tras esa plática cara a cara con las familias de las víctimas, explicó Zaldívar, decidió que no iba a dar marcha atrás y que no iba a cargar con la muerte de 49 niños, por lo que dio la orden a su equipo de secretarios de Estudio, quienes ayudan en la elaboración de proyectos de sentencias, de contar con una propuesta antes del 5 de junio del 2009, es decir, en el primer aniversario de la tragedia. “Esta es una infamia que no voy a convalidar”, les advirtió.
Explicó que por cortesía le avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont; que ya tenía listo el proyecto, por lo que decidieron hablar del tema en una reunión que comenzó muy cordial, pero que terminó a gritos dentro de su oficina en la sede principal de la Suprema Corte.
“En un momento me dice el secretario: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’ y le dije ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Y ahí terminó la plática”, detalló.
Ante el resultado del encuentro, ese mismo día firmó dos ejemplares del proyecto que pidió guardar bajo llave y entregarlos a la prensa en caso de que no pudiera presentar su proyecto del caso ABC ante el Pleno de la Corte antes de las 8:30 de la mañana. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”, manifestó.
Denunció que a pesar de la buena recepción inicial que tuvo el proyecto, ahí comenzó la operación de Estado de quienes hoy se quejan de la falta de autonomía de la Suprema Corte, por lo que incluso ministros que se habían comprometido a votar a favor del proyecto de sentencia, la dieron la espalda sin mayor argumento.
“Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”, dijo durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”.
El presidente de la Corte aseguró por este caso se le quitó a la Corte la facultad de investigar la violación de derechos humanos.
Aseguró que los padres de los niños fallecidos le contaron que el gobierno de Calderón “no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema”.
Además, le narraron que los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos, “para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado”.
Recordó que le avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, que presentaría su proyecto, con el que se reunió en su oficina y terminó a gritos: “Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos”.
“En un momento me dice el Secretario: ‘dice el Presidente que no te apoyamos para esto’ y le dije ‘dile al Presidente que postuló un Ministro, no designó un Secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Y ahí terminó la plática”, reseñó.
Ese mismo día firmó dos ejemplares del proyecto y pidió a su personal que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana del día siguiente él no llegaba a la Corte “lo sacaran a la prensa” y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”, comentó.
Acusó que varios ministros que le habían prometido apoyarlo, finalmente votaron en contra del proyecto y que solo lo apoyaron la entonces ministra Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Con información de La Jornada.