El gobierno federal publicó un decreto para regularizar desde enero de este año y en 10 entidades 2.2 millones de autos chocolate, como se conoce a los vehículos usados que ingresan de forma irregular desde Estados Unidos, sin cumplir con las cuotas y permisos que marca la ley.
La administración de Andrés Manuel López Obrador mantene los motivos de seguridad y la intención de ayudar “a las familias más necesitadas a obtener certeza jurídica sobre los vehículos que obtengan”.
Esta regulación entró en vigor a partir de este lunes y el costo de la regularización será de 2 mil 500 pesos, los cuales serán ingresados a las arcas federales.
Los estados donde se aplicará y las restricciones
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero permite que los autos que no cumplieron con la ley aduanera al momento de ingresar al país puedan regularizarse, para obtener sus placas y ser parte del Registro Público Vehícular (Repuve).
La medida no es obligatoria, pero los ciudadanos que decidan hacerlo reciben sus placas para poder circular de manera legal, podrán acceder a la contratación de un seguro en caso de accidentes y, si llega a ser robado el vehículo, se facilita su búsqueda y localización para las autoridades.
Para hacerlo posible los interesados deben realizar su pago correspondiente, cabe señalar que es un proceso de regularización, la autoridad exime a los solicitantes de presentar el certificado de origen, un permiso de la Secretaría de Economía que por regla de aduana se les pide, y los datos del vendedor que debería ser parte del padrón de importadores.
El proceso de regularización se realiza entre enero y julio de este año, aunque el decreto permanece vigente hasta septiembre de 2024, es decir casi al final del sexenio.
Si bien ya se publicó el decreto, no todos quienes tienen un auto chocolate pueden acceder a ella. Según el gobierno, solo se regularizarán automóviles que circulen en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, que conforman la región fronteriza y Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit.
Y la solicitud debe ser realizada solo por persona físicas que tengan un automóvil personal o un vehículo de carga, con un máximo de 8 años de antigüedad.
Los automóviles que tengan reporte de robo o estén implicados en un delito no podrán participar. Tampoco los automóviles de lujo, los que estén blindados y los que tengan problemas mecánicos severos o que representen serios daños al medio ambiente.